La malaria impera en el Arco Minero del Orinoco

Bram Ebus

Un grupo de jóvenes con armas de fuego esperan frente a una arena de peleas de gallos mientras los locales los visitan para pedirles pequeñas contribuciones financeiras, mediación para dirimir conflictos y solo por socializar. En Las Claritas, en el estado Bolívar, las bandas armadas son comandadas por los pranes, que no solo controlan la vida diaria, sino también están a cargo de las vastas minas de oro ilegales alrededor del pueblo. Muchos de los habitantes que visitan la arena no reparan en un cartel en la pared que dice: “Las colaboraciones [financieras] están suspendidas hasta nuevo aviso”.

También nosotros aguardamos y esperamos saber del pran, el único que dirige todas las operaciones. Él decide si podemos visitar sus minas. “¿Tiene algo de agua para mí?”, me pregunta uno de los miembros de la banda. “Debo mantenerme tomando agua”. Tiene malaria; incluso los criminales no están exentos de la epidemia y de la falta de medicinas que complica las regiones mineras de Venezuela.

Después de una larga espera nos dicen que no podremos visitar las minas ese día, por una amplia variedad de razones que no nos quedan claras. Decidimos ir a la clínica local en Las Claritas y preguntar por la malaria, pero solo nos dejan preguntar y tomar fotografías si llevamos uno de los miembros de la banda armada con nosotros. La indiferencia que el joven criminal tiene por nuestro trabajo – “¿Están listos? Tengo hambre” – nos permite tomar distancia mientras él espera en el estacionamiento. Conseguimos hablar entonces con algunos de los mineros, que están pálidos y con temblores y que esperan alrededor de la clínica. La mayoría de ellos han tenido muchas recaídas y necesitan los medicamentos contra malaria. En la entrada de la clínica hay un letrero: “No hay tratamiento contra la malaria hasta nuevo aviso”.

En 1961, Venezuela fue premiada por la Organización Mundial de la Salud porque era el primer país en erradicar la malariaes en áreas densamente pobladas. Por desgracia, este honor pertenece al pasado. Aunque Venezuela ha probado que la malaria puede puede prevenirse y tratarse pocos han sido los intentos del gobierno para contrarrestar la epidemia actual. “¡Cuidado! Hay un mosquito detrás de tu espalda”, bromea un investigador médico en otra clínica del estado Bolívar que no puede ser identificada. “Pero también puede ser chikungunya”. Y explica que el gobierno ha perdido absolutamente el control sobre las epidemias.

El municipio Sifontes, donde hay pueblos mineros como Las Claritas y Tumeremo, tiene el índice más alto de malaria en el país. No es una coincidencia que el paludismo ande campante en zonas de minería ilegal, cuando se sabe, además, que la enfermedad está relacionada con la deforestaciónen. El investigador, quien pidió resguardar su nombre por temor a represalias, explica que los bosques deforestados y los fosos llenos de agua estancada crean las condiciones ideales para una epidemia. El sol calienta rápidamente el agua y ya que no hay sombra de los árboles, se acelera el desarrollo de las larvas. Muchos mineros ilegales se quedan en campos improvisados e incluso duermen en hamacas, bastante cerca de las minas. La falta de prevención y cercanía con las lagunas mineras, alimenta los criaderos de mosquitos de malaria y los hace más vulnerables a la infección.

La malaria es una enfermedad infecciosa causada por un parásito que ocasiona severas fiebres, dolores de cabeza y musculares y potencialmente puede resultar en la muerte. Sólo en el estado Bolívar, habitado por 2,1 millones de personas, unas 206 mil personas se infectaron de paludismo en los primeros diez meses de 2017. Amazonas, un estado de 180 mil habitantes, registró 42 mil casos de infección hasta septiembre de 2017, de acuerdo con una doctora en una clínica local. Ella también habló con nosotros bajo la condición de anonimato prefiere no ser citada por su nombre por temor a que la despidan, como ya ocurrió con colegas trabajadores de salud. “Si no tenemos más medicinas a tiempo, esto se saldrá de las manos. Hay alrededor de 27 mil casos más que el año pasado”, explicó la doctora cuando la visitamos en noviembre. Cada día entre 150 y 200 personas se hacen la prueba en Puerto Ayacucho. La mitad de la gente resulta positivo por lo general. Según la doctora, hacen falta más instalaciones para realizar las pruebas, más folletos de medicamentos en la región y en especial, en zonas lejanas.

Municipios selváticos en Amazonas, como Río Negro y Manapiare, están plagados de minería ilegal y de malaria. Es ahora una crisis de salud pública. El transporte desde la capital del estado, Puerto Ayacucho, puede tomar entre cinco y diez días de barco. “No hay medicinas en zonas mineras”, relata. La gente que consigue los medicamentos, muchas veces los vende de nuevo por dosis, aun cuando ellos mismos tienen malaria. Una sola dosis no cura, se necesita terminar el tratamiento completo, pero de acuerdo con la doctora la gente está desesperada por el dinero efectivo y abusa de la ignorancia de otros. En el vecino estado Bolívar, los mineros indican que las medicinas son vendidas en el mercado negro a un equivalente de uno o dos gramas de oro por dosis. En estos cuatro años, el número de pacientes con paludismo ha aumentado 15 veces. En los últimos tres años, el ministro de Salud falló para contener cinco epidemias: dengue, chikungunya, zika, difteria y malaria – y millones de venezolanos fueron infectados.

El ex alcalde de Sifontes, Carlos Chancellor, ya ha tenido suficiente de las políticas gubernamentales deficientes. “Este gobierno es tan irresponsable que no les importa ni siquiera las víctimas de paludismo”, refunfuña Chancellor. El aún estaba en el cargo cuando le visitamos, en noviembre de 2017, firmando papeles y teniendo reunión con dos padres intentaban convencer a él de arreglar una visita de emergencia con un hijo que fue arrestado recientemente en una protesta contra el gobierno. En su estrecho despacho sin ventanas en Tumeremo, el alcalde intenta trabajar debajo de un tubo titilante fluorescente. Mientras las personas siguen caminando a su oficina, Chancellor dice que cerca de 80 mil personas están directa e indirectamente involucradas en la minería ilegal de su municipio. “Son gente respetable, trabajadores”, pero ve este sector y su daño colateral, como la epidemia de malaria, como un gran problema.

“¡Hoy me hice la prueba y ya no tengo malaria por primera vez!”, dice aliviado Eduardo Rodríguez, frente a una clínica en Tumeremo, en Bolívar. Este minero ilegal se ha hecho la prueba de paludismo siete veces en los últimos 18 meses, en seis de las cuales ha recibido un resultado “positivo”. La mayoría de los mineros no tienen la suerte de Eduardo Rodríguez, pues sufren de continuas recaídas, incapaces de combatir el parásito. “Ya tuve malaria unas 50 veces”, dice un minero en El Callao. “Fue como orinar Coca-Cola”. Su cuerpo tembloroso permanece de pie frente a una choza en la selva, hecha de palos de madera y de lona de plástico que sirve de techo. Solo diez metros de distancia de su alojamiento, otros mineros riegan una pendiente fangosa con una manguera para seguir procesando los sedimentos de oro.

“La frontera entre el mosquito y el hombre ya no existe”, explica un médico local. “Nuestra gente está entrenada y dispuesta a trabajar en el problema”, sostiene, pero la falta de medicinas son el inconveniente principal. Zonas mineras remotas en los estados Amazonas y Bolívar viven problemas similares. “La muerte llega porque las personas viven muy lejos”, explica el médico. “Primero, necesitan cruzar el río, luego esperar el bote, luego por una mula y después un jeep Toyota los transporta a nosotros. Esto puede tardar hasta tres o cuatro días en los que la condición de salud de alguien puede complicarse realmente”. Para hacer dinero extra, este médico también trabajó en las minas en su tiempo libre. “Con un golpe de suerte se puede hacer en dos semanas lo que obtengo en seis semanas en el hospital”, sonríe, pero este año probablemente no regrese a las minas. La violencia y el riesgo de malaria son demasiado.

“Hay un auge extraordinario de migrantes mineros de diferentes estados hacia Amazonas y Bolívar, así como personas colaterales como prostitutas, mercaderes, etc.”, explica el doctor Oscar Noya, director del Centro de Estudios sobre Malaria e investigador del Instituto de Medicina Tropical en la Universidad Central de Venezuela, en Caracas. “Las recaídas no se incluyen en las estadísticas, así que el número actual, vinculado a un aumento de portadores asintomáticos, es el número real y estimamos que en 2016 superaron el millón”.

Los expertos dicen que los peores días de la epidemia aún están por llegar. Los mineros migrantes, con exposición creciente a malaria, pueden ayudar a esparcir la enfermedad. Trabajadores de la salud en las zonas fronterizas de países como Brasil y Colombia están alertas. En Colombia, de las 965 personas infectadas con malaria que cruzaron la frontera en 2017, 92 por ciento llegaron desde Venezuela1.5MB. “De la nada, un solo caso de malaria puede ocasionar una epidemia dentro de seis meses”, advierte un de los trabajadores de la salud en el estado Bolívar.

[Tomado de https://arcominero.infoamazonia.org/story/malaria.]